La crisis nos afecta a las entidades desde hace mucho tiempo. Pero, sobre todo a las  que tienen  una elevada dependencia de las  subvenciones con las  administraciones, ya que el  actual sistema las  hace inviables.

Ayuntamientos y otras administraciones sacan las convocatorias cada vez más tarde y se perciben ya avanzadoel ejercicio siguiente. Esto nos obliga a buscar créditos, cuyos gastos financieros  asumirnos directamente. También, adelantamos más de un año el servicio y el dinero, pero la  administración tampoco está obligada a  abonar intereses  por demora.

A pesar  de todo, hacemos un enorme esfuerzo  por profesionalizarnos  y prestar servicios cada día  más eficientes, porque somos conscientes que los recursos son cada vez menos. Pero si hablamos de los  contratos con las  administraciones, no hay que obviar algo que nos afecta  gravemente: el  desembarco de empresas que hasta ahora han estado al margen de los servicios sociales  y en estos  momentos los ven muy atractivos, debido a la  crisis  de la  construcción y otros sectores.

No queremos un trato  de favor,  que está  prohibido por la Ley de Contratos, sino  que las  administraciones apliquen opciones que no están  utilizando, como son las cláusulas sociales,  que beneficien a entidades, y los contratos  reservados, para Centros Especiales de Empleo (CEE) y Empresas de Inserción.

Así se  daría  estabilidad al sector, en un momento donde los ERE en entidades y CEE son una práctica habitual. La sociedad aragonesa no puede permitirse perder la labor que realizamos las  oenegés y su sustitución por entidades mercantiles que restan  valor  añadido a los servicios. No tenemos ánimo de lucro, por lo que todo revierte en servicios a los aragoneses.

 

José  Antonio Bes Abizanda, secretario general del CERMI Aragón